Escribo estas líneas cuando queda hora y media para el cierre de las urnas de la jornada electoral del 20 de noviembre de 2011. Pretendo con ellas reflejar lo que, estimo, serán los próximos 4 años bajo un Gobierno mayoritario del centro-derecha. No hay en ellas sentido crítico ni de alabanza, sólo mera descripción de lo que considero algunos cambios que están por venir. Si la anticipación es correcta, habrán quedado escritos. Y si no, mala suerte: otra vez acertaré. Los cambios que aquí describo no serán sólo fruto del Gobierno del PP, sino de la evolución de la tormenta financiera y de acumulación de capitales llamada, de manera interesada y equivocada, “crisis económica mundial”.

Uno. Se acabará el contrato de trabajo, o al menos tal como lo conocemos en la actualidad como fórmula de intercambio de bienes, producción y salarios entre empresarios y trabajadores. De aquí a cuatro años el 25% del mercado laboral estará compuesto por autónomos que rinden para una sola empresa, o que obtendrán de ella el 90% de sus ingresos. Para incentivarlo, se pondrá en marcha un incentivo fiscal que deduzca todos los pagos a la Seguridad Social durante 24 meses.

Dos. El crédito bancario tal como lo hemos conocido no se restablecerá. El Gobierno dispondrá una fórmula de deducciones parciales de las cuotas de los préstamos, que permitirán iniciar estímulos al consumo. A su vez, las entidades financieras se refinanciarán entre ellas ante la imposibilidad de las cuentas públicas de hacer frente a los pagos de deuda pública y a las obligaciones contraídas con ellas. La deuda pública, de hecho, será una herramienta de intercambio financiero con vencimiento a largo plazo.

Tres. Se vivirá una escalada de los precios sin precedentes para incentivar el consumo. Será a escala europea, y se dispondrán bonos para el consumo para familias con recursos mínimos. La guía de estas acciones no será humanitaria, sino meramente técnica, para garantizar unos niveles de consumo mínimos que permitan la reinversión, aunque está no siempre tendrá fines productivos. Por ello, se pondrán en marcha leyes que exigirán que la reinversión, si existe, sea con fines productivos; eso sí, en ningún caso discutirán la acumulación de beneficios ni las decisiones empresariales de distribución de capitales.

Cuatro. Los sindicatos se verán reducidos a su mínima expresión. De hecho, su capacidad de convocatoria sufrirá dos severos correctivos. Uno, al año y medio de Gobierno del PP, cuando pretenda aglutinar las protestas sociales contra los recortes sociales y la privatización de los servicios básicos; dos, seis meses después, cuando convoque una huelga general ante la legislación que eliminará o rebautizará la fórmula del contrato de trabajo.

Cinco. Los servicios sociales básicos (Sanidad y Educación) se privatizarán entre un 30% y un 50%. Las labores asistenciales y de auxiliar se externalizarán, y habrá tres gestoras privadas que dominarán el panorama sanitario y que se repartan, al menos, el 80% de los servicios privatizados. En Educación, se aprobarán leyes que permitan la rescisión de contratos para personal funcionario con menos de 15 años de experiencia, la edad de jubilación se extenderá hasta los 69 años y los salarios sufrirán un recorte acumulado de un 10%. Eso sí, el cuerpo de profesores y el sanitario tendrá bonos de consumo con mayores posibilidades de pago que el resto de la población.

Seis. Los movimientos sociales en Grecia, España, Italia, Estados Unidos, Inglaterra, países árabes y otros países en los que prenda la conciencia de la protesta global, cristalizarán en varias organizaciones supranacionales que vehicularán la protesta al margen de la división ideológica tradicional entre izquierda y derecha. Estados Unidos será el primer país del mundo en el que parte de las peticiones de esta organización serán debatidas en el Congreso.

Siete. Veremos el nacimiento de los primeros vehículos eléctricos comercializados, de las primeras tecnologías de la comunicación libres de interfaces (serán estímulos cerebrales), la curación de algunos cánceres mortales mediante el uso de células madre embrionarias y el mapeo al completo con WiFi de las principales ciudades del mundo, entre ellas Madrid, Barcelona y Bilbao.

Ocho. El PP pondrá en marcha estas medidas y tendrá que echarse atrás ante la presión internacional: a) Suspensión de la autonomía en Cataluña: además de la presión internacional, habrá dos atentados sin víctimas mortales atribuidos a una sucesión de Terra Llure. b) Suspensión del matrimonio homosexual: no sólo no cambiará el nombre sino que destacados líderes populares se escindirán del Gobierno haciendo pública su condición de homosexualidad. c) Congelación de las pensiones no contributivas y del salario mínimo interprofesional: será la única batalla que libren y ganen los sindicatos mayoritarios, gracias al apoyo de las organizaciones nacidas al calor de los movimientos de protesta global. d) Despido gratuito: no sólo no verá la luz, sino que se aprobará una legislación que endurecerá el castigo para los despidos improcedentes… eso sí, en un contexto de retroceso general de la fórmula tradicional del contrato de trabajo.

Nueve. Un grupo de exaltados de extrema derecha unionista perpetrará un atentado en el País Vasco, que será atribuido por error (tanto por el Gobierno como por los principales partidos de la oposición) a una escisión de ETA. De hecho, el Gobierno decretará por dos semanas el Estado de Excepción en Euskadi. Frente a todo pronóstico, la izquierda abertzale, con Amaiur a la cabeza, llamará a la resistencia pasiva y a no responder con ningún acto de violencia la presencia de elementos militares en el Norte.

Diez. En noviembre de 2015, el Partido Popular revalidará su mayoría absoluta. Sin embargo, la codicia fruto del resultado de las urnas le llevará a un escenario por el que destacados dirigentes del partido caerán en una red de sobornos. El caso será destapado por Wikileaks y revelado por los principales medios de comunicación (que para entonces serán propiedad de Google, Microsoft y Apple). El Gobierno dimitirá en bloque en septiembre del año siguiente y se convocarán nuevas elecciones de las que saldrá victoriosa una coalición de las izquierdas tradicionales, las ecosocialistas y la representación electoral de los movimientos de protesta social.